AMNESIA NACIONAL, CÓMO NOS ACOSTUMBRAMOS A LOS ESCANDALOS

Por: Andrés Saavedra

Vivimos en un país donde los escándalos se sienten como una especie de oleadas interminables: mientras unos se hunden, otros emergen; lo grave ya no asombra y lo impensable comienza a normalizarse. Hay razones psicológicas para esto. Estudios recientes sobre “sobrecarga informativa” o infoxicación muestran cómo el exceso de noticias —la avalancha de escándalos, denuncias y corruptelas— acaba saturando nuestra capacidad de atención. El cerebro, abrumado, se adapta olvidando lo anterior y reaccionando solo ante lo nuevo.

Ese mecanismo adapta nuestra memoria colectiva, un escándalo ocupa hoy los titulares, mañana ya es apenas un recuerdo gris. Mientras tanto, el “gran saco de la impunidad” sigue recibiendo nuevos casos y nadie parece rendir cuentas. En Colombia se han vuelto tan frecuentes los casos —corrupción, audios comprometedores, irregularidades institucionales— que ya no nos sacuden, a lo sumo provocan un indignado tuit y al otro día otra crisis ocupa las pantallas.

Un ejemplo claro es como pasamos del audio de Sarabia con Benedetti provocando en su momento revuelo y promesas de investigación. Pero hoy ya estamos en los audios de “Calarca” y el general Huertas, ese primer escándalo de tiempo atrás ya quedó opacado. Y hoy la agenda pública lo que prioriza es el anuncio del Consejo Nacional Electoral sancionando una campaña y nuevamente, el pasado no pesa. Es como si cada escándalo naciera con fecha de vencimiento rápida.

En esta dinámica, la política se ha convertido en un juego de “titulares descartables”. Las administraciones —incluida la actual del Presidente Petro— parecen más preocupadas por apagar incendios mediáticos que por asumir responsabilidades reales. Los responsables cambian, los cargos se reciclan, y la institucionalidad se resiente. La sociedad, por su parte, termina anestesiada: la indignación dura lo que dura la noticia, y pronto nos adaptamos a lo siguiente.

Las cifras alimentan ese ciclo. Colombia aparece año tras año entre los países con mayores percepciones de corrupción según Transparency International. Mientras, encuestas de opinión muestran que cerca del 70 % de los ciudadanos ya “no confía” en las instituciones públicas. La consecuencia no es trivial, la apatía se convierte en norma, la participación cívica se reduce, y la exigencia ciudadana se atenúa.

Si la memoria colectiva se adapta para olvidar, el poder se aprovecha. Se mezclan decisiones polémicas, contratos poco transparentes, cambios súbitos en la administración pública y la indignación se vuelve un recurso cíclico, no transformador. A este ritmo, la corrupción no se combate, se administra.

Pero no tiene por qué ser siempre así. Es posible romper ese ciclo de ignorancia voluntaria. Primero, recuperando la memoria, manteniendo vivos los casos, exigiendo avances en las investigaciones, recordando nombres y responsabilidades. Segundo, fortaleciendo instituciones de control ciudadano independientes que impidan que lo nuevo tape lo viejo. Y tercero —quizás lo más importante— reviviendo una cultura de ética pública y exigencia democrática.

Porque la democracia no se construye con titulares, se sostiene con acciones. Y la ciudadanía no puede seguir siendo un espectador adormecido.

Hoy más que nunca, el país necesita un pacto con la verdad, con la memoria y con la exigencia. Que los escándalos dejen de ser fogonazos mediáticos para convertirse en puntos de inflexión. Que perduren, no por morbo, sino por justicia. Que no nos acostumbremos a lo impensable. Que recordemos, exijamos y construyamos.