LA VÍA CALI–POPAYÁN DEJA DE SER CAMINO Y SE VUELVE AMENAZA

Por: Andrés Saavedra

La carretera que conecta Cali con Popayán —parte esencial de la vía Panamericana— debería representar progreso, integración y oportunidad para el suroccidente colombiano. En cambio, hoy constituye un corredor de terror: retenes ilegales, asaltos, explosiones y presencia persistente de grupos armados que han sembrado pánico entre conductores y comunidades. Disidencias de las FARC instalaron recientemente un retén en ese tramo (vereda El Túnel), dispararon, robaron vehículos y detonaron una carga explosiva, dejando heridos y gran temor entre los viajeros.

Este deterioro no es solo responsabilidad de los ilegales. El Estado muestra síntomas inquietantes de abandono. A pesar de los múltiples llamados de la región, la respuesta del gobierno nacional ha sido lenta e ineficaz. La Fuerza Pública, por más voluntad que tenga, no cuenta con una estrategia permanente de desmantelamiento de redes armadas en la vía: cada acción parece parche, cada operación, temporal. En julio de este año el Ejército dispersó un retén ilegal del ELN en el sector de Pescador (Cauca) y hubo reportes de retenes e incluso enfrentamientos en puntos como El Cofre y Santander de Quilichao.

El desprecio por la seguridad de la Panamericana no solo es responsabilidad de los grupos ilegales. La omisión estatal se hace evidente en la falta de medidas estructurales: no se refuerzan patrones de inteligencia, no se fortalece la presencia policial permanente ni se articulan mecanismos de protección para los conductores que circulan por la vía. El gobierno afirma que actúa, pero en el terreno la realidad se siente distinta: habitantes y transportadores reportan que los retenes ya no son hechos aislados, sino parte de un patrón creciente.

El abandono se junta con la violencia más brutal. En agosto de 2025, miembros de un grupo armado instalaban un retén ilegal entre Piendamó y Tunía y despojaron a una camioneta oficial de la UNP (Unidad Nacional de Protección), robando su arma y su vehículo en un acto que evidencia impunidad y riesgo. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables; una señal de desesperación, más que de control efectivo.

Peor aún: el abandono oficial no es nuevo. Hay quienes denuncian que, a pesar del despliegue militar esporádico, no existe una política consistente que garantice la seguridad permanente de esta vía estratégica. Esto es grave, porque la Panamericana es mucho más que una carretera: es una arteria vital para el comercio, el transporte de alimentos y la conexión entre comunidades rurales y urbanas del suroccidente.

La ausencia del Estado ha dejado un vacío en el que los ilegales imponen su ley. Las disidencias han convertido la carretera en un campo de control: ya no basta con intimidar, robar o retener; la violencia busca imponer dominancia y falta de presencia institucional. Y mientras tanto, los ciudadanos pagan el precio, viajar por esa vía es una apuesta de riesgo, no una garantía de movilidad segura.

Es momento de exigir más: un verdadero compromiso del gobierno nacional con la seguridad del suroccidente, que no se reduzca a operativos mediáticos o promesas vacías. Se necesita un plan integral: presencia sostenida y coordinada de Policía y Ejército en puntos críticos; inteligencia que desmonte las redes logísticas que operan en la zona; protección y apoyo a conductores y transportadores; y programas complementarios de desarrollo rural que reduzcan la base social de los grupos ilegales. La reparación de infraestructura —puentes, luminarias, señalización— y la inversión en cámaras, geolocalización y rutas alternativas también son medidas necesarias y urgentes.

La Panamericana es, o debería ser, la columna vertebral del desarrollo en el sur occidente. Recuperarla exige voluntad política, recursos y, sobre todo, la convicción de que la seguridad vial es parte de la seguridad humana. No es trivial: se trata de salvar vidas, proteger economías locales y devolver la calle a quienes la transitan con esperanza de progreso, no con miedo. Que la vía entre Cali y Popayán vuelva a ser un puente —y no una trampa— depende hoy de decisiones firmes. La región y el país no pueden permitirse más demoras