El MIO y los “luchadores sociales”

El pasado 9 de abril, Cali no solo vivió una jornada de paro nacional: amaneció con parte de su sistema de transporte destrozado, no por abandono institucional sino por quienes dicen defender lo público. La noche anterior, una marcha de antorchas de estudiantes de Univalle derivó en desmanes sobre la Calle 5, la troncal más importante del sur de la ciudad, dejando como saldo ocho estaciones del MIO vandalizadas. Según Metrocali y la Alcaldía, estaciones como Tequendama —la más afectada—, Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez y Buitrera quedaron con puertas reventadas, torniquetes inutilizados, validadores destruidos y grafitis en toda su estructura. Mientras algunos marchaban con velas, otros, los "encapuchados", se encargaban de destruir.

El impacto no fue simbólico. Fue inmediato y concreto: entre 40.000 y 50.000 caleños quedaron varados en plena hora pico. Miles llegaron tarde al trabajo, a la universidad o a una cita médica. Otros, simplemente, no llegaron. En una ciudad donde el transporte público ya opera con limitaciones, golpear su infraestructura no es un acto de presión política sofisticada, sino una acción que deteriora directamente la calidad de vida de quienes más dependen de él. Como lo señaló el alcalde Alejandro Eder, hay una diferencia fundamental entre manifestarse y destruir lo que le pertenece a toda la ciudad, y cruzar esa línea no es un gesto de rebeldía sino de irresponsabilidad.

Pero hay algo más profundo —y más incómodo— en todo esto. Quienes protagonizan estos actos se autodenominan “luchadores sociales”. Bajo esa narrativa, justifican el ataque al MIO como un golpe contra el “sistema” o el “neoliberalismo”. Sin embargo, la contradicción es evidente: destruyen precisamente el transporte que usan los sectores que dicen defender.. Bajo esa lógica, el MIO deja de ser un servicio público esencial y pasa a ser un símbolo legítimo de ataque. El problema es que esa lectura ignora —o decide ignorar— una realidad elemental: el MIO no es una infraestructura al servicio de las élites, sino un sistema del que dependen, precisamente, los sectores populares.

Esa contradicción no surge de manera espontánea. Es, en buena medida, el resultado de años de simplificación del debate público en consignas emocionalmente efectivas pero conceptualmente pobres: la idea de que “los ricos pagan todo”, de que el sistema es un enemigo homogéneo y de que cualquier forma de confrontación se justifica si se presenta como lucha social.

Hoy, con Gustavo Petro en la Presidencia, un líder que ha construido buena parte de su narrativa sobre esa lógica de confrontación y con figuras como Iván Cepeda con posibilidad de llegar a la Presidencia, se instala un mensaje peligroso: que la rebeldía sin responsabilidad no solo es válida, sino eventualmente premiada.

El mensaje que se filtra, especialmente entre los más jóvenes, es problemático: que la indignación basta, que la destrucción puede ser una forma legítima de acción política y que enfrentarse al sistema, incluso sin construir alternativas, puede convertirse en un camino de validación social e incluso de ascenso político.

Pero la realidad cotidiana desmiente esa narrativa con crudeza. El MIO no es el carro blindado de los barrios privilegiados; es el transporte de la trabajadora que cruza la ciudad para sostener a su familia, del estudiante que no tiene otra forma de movilizarse, del trabajador que depende de un sistema que, aunque imperfecto, sigue siendo indispensable.

Por eso, en nombre de una supuesta defensa del pueblo, se termina afectando directamente al pueblo. Las consecuencias no son abstractas: son la madre que no llega a tiempo por su hijo, el estudiante que pierde un examen, el adulto mayor que piede una cita, el trabajador al que le descuentan el día por llegar tarde. Esa es la dimensión real de estas acciones, lejos de cualquier épica ideológica. Destruir lo público no transforma estructuras de poder ni corrige desigualdades; lo que hace es profundizar las dificultades de quienes ya viven al límite de esas mismas desigualdades.

En ese sentido, confundir protesta con destrucción no solo empobrece el debate público, sino que erosiona la posibilidad misma de construir soluciones. Porque el cambio real exige algo más que indignación: requiere responsabilidad, propuestas y, sobre todo, una comprensión básica de a quién afectan realmente ciertas acciones. El MIO no es del rico ni del “sistema”; es de la ciudad. Y cada estación destruida no debilita al poder, sino que debilita, de manera directa, a quienes más dependen de él.