Colombia celebra, con razón, que el desempleo bajó al 8,9 % en junio de 2025, el nivel más bajo en más de una década. Sin embargo, detrás de ese dato alentador se esconde una realidad que no podemos ignorar: casi la mitad de los trabajadores del país siguen en la informalidad. Es decir, millones de colombianos consiguen empleo, pero no logran estabilidad, ni seguridad social, ni un ingreso digno que les permita proyectar un futuro.
El reciente informe de ANIF sobre el mercado laboral es claro: la tasa de informalidad se mantiene en 56,5 % a nivel nacional, con picos aún más dramáticos en regiones como la Costa Caribe y la Amazonía, donde más de seis de cada diez personas trabajan sin acceso a prestaciones básicas. Esto significa que, mientras aplaudimos la recuperación del empleo, seguimos condenando a millones a la precariedad y a la vulnerabilidad frente a la pobreza.
Y lo más grave: la informalidad no es un fenómeno marginal ni pasajero, es estructural. Se concentra en sectores como el comercio, la agricultura y los servicios personales, donde predominan los contratos verbales, la ausencia de cotizaciones y la inestabilidad total. En otras palabras, buena parte de nuestro crecimiento económico reciente se apoya en empleos frágiles, fácilmente destruibles ante cualquier choque interno o externo.
El reto no es menor. ¿Cómo hablar de progreso cuando un trabajador que madruga todos los días, que produce, que arriesga, no tiene derecho a enfermarse ni a pensionarse? ¿Cómo construir una clase media sólida si la mitad de la fuerza laboral está atrapada en un círculo donde la inestabilidad es la regla y no la excepción?
Aquí es donde el debate político y económico suele estancarse. Algunos culpan al alto costo de contratar formalmente, otros a la falta de productividad. Lo cierto es que ambos argumentos tienen algo de verdad. Colombia mantiene cargas parafiscales y tributarias que desincentivan la formalización, pero también arrastra un problema crónico de baja productividad laboral que impide pagar salarios más altos. Resolver esta tensión exige liderazgo, decisión y, sobre todo, una visión de largo plazo.
El Estado, por su parte, debe dejar de maquillar cifras con programas temporales de empleo o subsidios que alivian el presente pero no transforman la estructura del mercado laboral. El verdadero cambio vendrá cuando logremos que la formalización no sea un lujo, sino la norma: con un sistema tributario más simple, con incentivos a la pequeña empresa, con educación técnica y tecnológica pertinente, y con políticas diferenciales para territorios donde la informalidad es la única opción.
La informalidad, en el fondo, es un síntoma de algo más profundo: la fractura entre un país que dice crecer y un país que no logra incluir a todos en ese crecimiento. Podemos seguir aplaudiendo las cifras de empleo, pero si no enfrentamos este problema de frente, corremos el riesgo de construir sobre arena movediza.
El desafío es inmenso, pero no imposible. Ya hay ejemplos alentadores: sectores como el de las tecnologías de la información o el de energías renovables han mostrado que, con reglas claras e inversión estratégica, es posible generar empleo formal y sostenible. El país necesita replicar esas experiencias, multiplicarlas y no quedarse en discursos.
Porque, al final, el verdadero éxito no será bajar un punto más en la tasa de desempleo, sino garantizar que cada colombiano que trabaje tenga dignidad, seguridad y futuro. Esa, y no otra, debería ser la verdadera medida del progreso.
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