Más allá de ideologías, partidos o movimientos políticos —e incluso de organizaciones sociales o estudiantiles— persiste un patrón común: mientras externamente se proclama el compromiso con la democracia, la participación y el respeto institucional, internamente muchas de estas estructuras reproducen prácticas profundamente contrarias a esos principios.
En la realidad cotidiana, lo que predomina son decisiones arbitrarias, exclusiones sistemáticas y una preocupante falta de transparencia. Esta distancia entre el discurso y la acción termina por desmotivar a quienes se vinculan con la genuina intención de aportar, transformar y construir desde abajo.
Un ejemplo recurrente se presenta cuando se abren espacios de representación como los Consejos Municipales de Juventud o las Asambleas departamentales, por poner un ejemplo. En teoría, quienes han construido procesos sostenidos, respetado las normas y participado de forma activa deberían contar con el respaldo legítimo para postularse. Empero, en la práctica, los criterios meritocráticos son desplazados por otros factores: el apellido, el respaldo económico o la capacidad de mover votos. A menudo, personas que se vinculan formalmente apenas días antes terminan siendo favorecidas por decisiones tomadas a puerta cerrada, sin consulta interna ni procedimientos democráticos reales.
Estas dinámicas —basadas más en el cálculo político que en la deliberación abierta— revelan la profunda debilidad de los mecanismos de democracia interna. Si bien es entendible que los partidos busquen competitividad electoral, hacerlo sacrificando los principios que dicen representar constituye una contradicción ética y política insostenible. En Colombia, lamentablemente, la democracia interna de los partidos sigue siendo una deuda estructural: sin reglas claras, sin participación efectiva de las bases y sin garantías para quienes construyen desde los territorios, resulta difícil hablar de representatividad real.
Por esta y muchas otras razones, no sorprende que las propias organizaciones terminen alejando, frustrando o perdiendo a líderes valiosos: personas leales, comprometidas, que han apostado por el trabajo colectivo y el respeto al proceso. No es la organización en sí misma la responsable, sino aquellos liderazgos que —por interés o conveniencia— pasan por encima del debido proceso y deciden con el dedo quién sí y quién no.
Estimado lector: si usted ha participado en política, seguramente conoce, ha presenciado o incluso ha sido víctima de estos viejos vicios disfrazados de democracia. Mientras no se transforme esa cultura política desde dentro, seguiremos repitiendo los mismos errores, y el costo, como siempre, lo pagará la ciudadanía.
¿Hasta cuándo toleraremos estructuras que se dicen democráticas, pero operan con lógicas excluyentes y clientelares? ¿Qué tipo de liderazgo estamos reproduciendo cuando se premia la conveniencia por encima del mérito? Tal vez ha llegado la hora de preguntarnos si lo que defendemos en el discurso es coherente con lo que permitimos en la práctica.
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